"(...) esta norma permite garantizar que las actuaciones de estos funcionarios sean conocidas por todas las personas. Además, la norma permite que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública, así como la obligatoriedad de los funcionarios del gobierno, de proporcionar la información solicitada y colocarla a disposición de la ciudadanía. (...)"
Evaluada por:
Artículo 167
1. La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información pública facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos, en los plazos y condiciones que la ley establezca. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad.
2. Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
3. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia.
4. Solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información, por razones de seguridad del Estado o el interés nacional, protección de los derechos de las personas, datos personales o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución, conforme a sus fines.
La transparencia es fundamental en todos los actos de la sociedad, y más aún en aquellos que ejecutan las y los funcionarios públicos. Por eso, esta norma permite garantizar que las actuaciones de estos funcionarios sean conocidas por todas las personas. Además, la norma permite que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública, así como la obligatoriedad de los funcionarios del gobierno, de proporcionar la información solicitada y colocarla a disposición de la ciudadanía.
Esta norma permite transparentar las actuaciones de las y los funcionarios públicos y pone a disposición de la ciudadanía toda la información disponible de las acciones realizadas por el Estado. Sin embargo, no incide de forma directa en la vida material de las personas aunque a la larga permite alcanzar mayores niveles de justicia social y equidad ya que está orientada a evitar la corrupción.
En general, en varias Constituciones del mundo existen normas que buscan garantizar la transparencia de los actos de los funcionarios públicos. Esto permite materializar en mayor medida, la fiscalización de las actividades de nuestros representantes.
Por muchos años los funcionarios públicos estuvieron exentos del escrutinio de las personas que integran una sociedad. Esto ha logrado ser reformado debido a las presiones por parte de la ciudadanía. De ahí que, muchos movimientos sociales han impulsado que la falta de transparencia sea combatida con herramientas clave como el principio de transparencia.
El principal mito que se puede derrumbar con este artículo es que las y los funcionarios públicos no deben ser juzgados y cuestionados por nada. Con esta norma se equipara su posición como la de todas las personas que integran la comunidad.
En general, las personas por medio de la aprobación de esta norma podrán conocer qué hacen sus representados, y de esa forma premiarlos y castigarlos con sus votos en épocas de elecciones.
El desarrollo del país también se logra por medio de la transparencia en las actuaciones de los representantes. Dicha transparencia viabiliza que exista menos corrupción o fomenta al menos su control. Por eso se genera más desarrollo ya que también se fortalece la rendición de cuentas sobre los presupuestos públicos y se libera el acceso a la información respecto a lo que se hace con el dinero del Estado y los contribuyentes
Permite la certeza respecto a conocer los actos que ejecutan las personas que son elegidas o nombradas de forma directa para ejercer un cargo público. Esto es importante para que la ciudadanía guste de participar en actos de este tipo.
Igualdad debido a que se equiparan las actuaciones de las personas que ocupan por ejemplo un ministerio, con las de cualquier otra. En todo momento debe primar la legalidad y transparencia.
"(...) esta norma permite garantizar que las actuaciones de estos funcionarios sean conocidas por todas las personas. Además, la norma permite que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública, así como la obligatoriedad de los funcionarios del gobierno, de proporcionar la información solicitada y colocarla a disposición de la ciudadanía. (...)"
Evaluada por:
Artículo 167
1. La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información pública facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos, en los plazos y condiciones que la ley establezca. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad.
2. Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
3. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia.
4. Solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información, por razones de seguridad del Estado o el interés nacional, protección de los derechos de las personas, datos personales o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución, conforme a sus fines.
La transparencia es fundamental en todos los actos de la sociedad, y más aún en aquellos que ejecutan las y los funcionarios públicos. Por eso, esta norma permite garantizar que las actuaciones de estos funcionarios sean conocidas por todas las personas. Además, la norma permite que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información pública, así como la obligatoriedad de los funcionarios del gobierno, de proporcionar la información solicitada y colocarla a disposición de la ciudadanía.
Esta norma permite transparentar las actuaciones de las y los funcionarios públicos y pone a disposición de la ciudadanía toda la información disponible de las acciones realizadas por el Estado. Sin embargo, no incide de forma directa en la vida material de las personas aunque a la larga permite alcanzar mayores niveles de justicia social y equidad ya que está orientada a evitar la corrupción.
En general, en varias Constituciones del mundo existen normas que buscan garantizar la transparencia de los actos de los funcionarios públicos. Esto permite materializar en mayor medida, la fiscalización de las actividades de nuestros representantes.
Por muchos años los funcionarios públicos estuvieron exentos del escrutinio de las personas que integran una sociedad. Esto ha logrado ser reformado debido a las presiones por parte de la ciudadanía. De ahí que, muchos movimientos sociales han impulsado que la falta de transparencia sea combatida con herramientas clave como el principio de transparencia.
El principal mito que se puede derrumbar con este artículo es que las y los funcionarios públicos no deben ser juzgados y cuestionados por nada. Con esta norma se equipara su posición como la de todas las personas que integran la comunidad.
En general, las personas por medio de la aprobación de esta norma podrán conocer qué hacen sus representados, y de esa forma premiarlos y castigarlos con sus votos en épocas de elecciones.
El desarrollo del país también se logra por medio de la transparencia en las actuaciones de los representantes. Dicha transparencia viabiliza que exista menos corrupción o fomenta al menos su control. Por eso se genera más desarrollo ya que también se fortalece la rendición de cuentas sobre los presupuestos públicos y se libera el acceso a la información respecto a lo que se hace con el dinero del Estado y los contribuyentes
Permite la certeza respecto a conocer los actos que ejecutan las personas que son elegidas o nombradas de forma directa para ejercer un cargo público. Esto es importante para que la ciudadanía guste de participar en actos de este tipo.
Igualdad debido a que se equiparan las actuaciones de las personas que ocupan por ejemplo un ministerio, con las de cualquier otra. En todo momento debe primar la legalidad y transparencia.
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