"(...) Se refiere al rol del Estado consistente en financiar el ejercicio de los Derechos Humanos, siendo especialmente importante para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como la salud, vivienda, seguridad social, cuidados, entre otros, lo que permitirá que sean realmente garantizados, pues su materialización involucra la asignación de recursos financieros. (...)"
Evaluada por:
Artículo 20, Inciso segundo
2. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad.
Porque se refiere al rol del Estado consistente en financiar el ejercicio de los Derechos Humanos, siendo especialmente importante para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como la salud, vivienda, seguridad social, cuidados, entre otros, lo que permitirá que sean realmente garantizados, pues su materialización involucra la asignación de recursos financieros; también porque establece que este soporte económico tenderá a ser progresivo, es decir que deberá ir aumentando en el tiempo.
La Constitución actual nada dice sobre la materia, y asigna al Estado un rol subsidiario de las actividades económicas de privados, lo que ha permitido que nuestras necesidades sean transformadas en un negocio, en que se venden o prestan servicios como la educación o salud a quien pueda pagarlos. En la Nueva Constitución estas necesidades básicas se reconocen como Derechos Humanos a todas las personas, conforme con Pactos Internacionales ratificados por Chile, debiendo el Estado asegurar su cumplimiento.
En la mayoría de las democracias modernas se incluyen artículos que otorgan al Estado un rol social o de bienestar, esto es, que se hace cargo económicamente de los derechos sociales básicos de las personas. Algunos ejemplos son las constituciones de Alemania, España, Italia o Colombia.
Dado que en la Constitución vigente, los Derechos Humanos como salud, vivienda, seguridad social, educación, trabajo digno, entre otros, no están garantizados para la mayoría de las personas, se produjo un hondo y creciente descontento social, lo que se vio agravado por una ascendente desigualdad económica, dando lugar a masivas protestas sociales, como las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y 2011, lo que finalmente desembocó en el denominado estallido social de octubre de 2019.
El mito de que las personas "quieren todo gratis" y que no hay dinero suficiente para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Sin embargo este financiamiento sí es posible, mediante la recaudación de impuestos directos a las personas con mayores rentas, la disminución de franquicias tributarias, entre otras medidas, como lo hacen países donde existen Estados de Bienestar; o el mito de que van a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que es improbable dado el carácter regresivo de este impuesto.
Todas las personas, independiente de su situación económica, tienen cubiertas sus necesidades básicas, disminuyendo con ello la marginalidad de grandes sectores de la sociedad, los niveles de delincuencia y la desigualdad social, aumentando el ingreso de jóvenes a la educación superior y técnica, fortaleciendo la fuerza laboral y la creación de nuevas empresas, propiciando un desarrollo igualitario y sostenible, con una creciente mejora en la salud y bienestar de la población en general.
Ya que todas las personas tienen acceso a educación de calidad y adecuadas condiciones de vida, se produce una mejora en los niveles técnicos y profesionales de las personas, fortaleciendo de manera sustentable el sector industrial y productivo e impulsando la creación de nuevas empresas y tecnologías, donde además prevalece la integración paritaria e intercultural, lo que enriquece los espacios de trabajo y la comunidad en general, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural del país.
Puesto que el Estado asume un rol protagónico en el aseguramiento de los Derechos Humanos de todas las personas, asumiendo el financiamiento de las prestaciones que permitan el ejercicio de tales derechos, es que el respeto de tales garantías para todas las personas, y también para la Naturaleza, se verá fuertemente fortalecido. Además el que dicho financiamiento tienda a la progresividad, implica que éste irá creciendo en forma paulatina, y que no debería tener retrocesos.
El hecho de que el financiamiento de tales prestaciones esté en manos del Estado y sea progresivo, da seguridad a las personas y familias de que tendrán un nivel mínimo de bienestar, y que incluso en situaciones de crisis económica a escala global, el Estado no deberá retroceder en el aseguramiento de tales prestaciones básicas, lo que entrega seguridad a las comunidades, disminuye los niveles de estrés, ansiedad, depresión, ausentismo laboral, empobrecimiento, delincuencia, entre otros.
Al ocuparse el Estado de proporcionar las prestaciones necesarias para el ejercicio de los Derechos Humanos, ocurre que grupos de la sociedad históricamente marginados, sin condiciones mínimas para subsistir y desarrollarse, pasan a tener acceso a tales prestaciones (como vivienda, salud, trabajo digno, educación, cuidados, seguridad social, etc.) lo que permite contribuir a una mayor igualdad entre las distintas personas y grupos que componen la comunidad, dando lugar a una sociedad más integrada y justa.
Dado que el Estado contribuirá progresivamente al financiamiento de los derechos sociales, existirá un gasto sostenido en educación, investigación, y por tanto, creación y mejoramiento de tecnologías, las que deberán ser aplicadas también para el mejoramiento de los procesos productivos y creativos de las empresas en general, desarrollos que necesariamente deberán ser sustentables y respetuosos del medioambiente.
"(...) Se refiere al rol del Estado consistente en financiar el ejercicio de los Derechos Humanos, siendo especialmente importante para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como la salud, vivienda, seguridad social, cuidados, entre otros, lo que permitirá que sean realmente garantizados, pues su materialización involucra la asignación de recursos financieros. (...)"
Evaluada por:
Artículo 20, Inciso segundo
2. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad.
Porque se refiere al rol del Estado consistente en financiar el ejercicio de los Derechos Humanos, siendo especialmente importante para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como la salud, vivienda, seguridad social, cuidados, entre otros, lo que permitirá que sean realmente garantizados, pues su materialización involucra la asignación de recursos financieros; también porque establece que este soporte económico tenderá a ser progresivo, es decir que deberá ir aumentando en el tiempo.
La Constitución actual nada dice sobre la materia, y asigna al Estado un rol subsidiario de las actividades económicas de privados, lo que ha permitido que nuestras necesidades sean transformadas en un negocio, en que se venden o prestan servicios como la educación o salud a quien pueda pagarlos. En la Nueva Constitución estas necesidades básicas se reconocen como Derechos Humanos a todas las personas, conforme con Pactos Internacionales ratificados por Chile, debiendo el Estado asegurar su cumplimiento.
En la mayoría de las democracias modernas se incluyen artículos que otorgan al Estado un rol social o de bienestar, esto es, que se hace cargo económicamente de los derechos sociales básicos de las personas. Algunos ejemplos son las constituciones de Alemania, España, Italia o Colombia.
Dado que en la Constitución vigente, los Derechos Humanos como salud, vivienda, seguridad social, educación, trabajo digno, entre otros, no están garantizados para la mayoría de las personas, se produjo un hondo y creciente descontento social, lo que se vio agravado por una ascendente desigualdad económica, dando lugar a masivas protestas sociales, como las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y 2011, lo que finalmente desembocó en el denominado estallido social de octubre de 2019.
El mito de que las personas "quieren todo gratis" y que no hay dinero suficiente para garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Sin embargo este financiamiento sí es posible, mediante la recaudación de impuestos directos a las personas con mayores rentas, la disminución de franquicias tributarias, entre otras medidas, como lo hacen países donde existen Estados de Bienestar; o el mito de que van a subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que es improbable dado el carácter regresivo de este impuesto.
Todas las personas, independiente de su situación económica, tienen cubiertas sus necesidades básicas, disminuyendo con ello la marginalidad de grandes sectores de la sociedad, los niveles de delincuencia y la desigualdad social, aumentando el ingreso de jóvenes a la educación superior y técnica, fortaleciendo la fuerza laboral y la creación de nuevas empresas, propiciando un desarrollo igualitario y sostenible, con una creciente mejora en la salud y bienestar de la población en general.
Ya que todas las personas tienen acceso a educación de calidad y adecuadas condiciones de vida, se produce una mejora en los niveles técnicos y profesionales de las personas, fortaleciendo de manera sustentable el sector industrial y productivo e impulsando la creación de nuevas empresas y tecnologías, donde además prevalece la integración paritaria e intercultural, lo que enriquece los espacios de trabajo y la comunidad en general, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural del país.
Puesto que el Estado asume un rol protagónico en el aseguramiento de los Derechos Humanos de todas las personas, asumiendo el financiamiento de las prestaciones que permitan el ejercicio de tales derechos, es que el respeto de tales garantías para todas las personas, y también para la Naturaleza, se verá fuertemente fortalecido. Además el que dicho financiamiento tienda a la progresividad, implica que éste irá creciendo en forma paulatina, y que no debería tener retrocesos.
El hecho de que el financiamiento de tales prestaciones esté en manos del Estado y sea progresivo, da seguridad a las personas y familias de que tendrán un nivel mínimo de bienestar, y que incluso en situaciones de crisis económica a escala global, el Estado no deberá retroceder en el aseguramiento de tales prestaciones básicas, lo que entrega seguridad a las comunidades, disminuye los niveles de estrés, ansiedad, depresión, ausentismo laboral, empobrecimiento, delincuencia, entre otros.
Al ocuparse el Estado de proporcionar las prestaciones necesarias para el ejercicio de los Derechos Humanos, ocurre que grupos de la sociedad históricamente marginados, sin condiciones mínimas para subsistir y desarrollarse, pasan a tener acceso a tales prestaciones (como vivienda, salud, trabajo digno, educación, cuidados, seguridad social, etc.) lo que permite contribuir a una mayor igualdad entre las distintas personas y grupos que componen la comunidad, dando lugar a una sociedad más integrada y justa.
Dado que el Estado contribuirá progresivamente al financiamiento de los derechos sociales, existirá un gasto sostenido en educación, investigación, y por tanto, creación y mejoramiento de tecnologías, las que deberán ser aplicadas también para el mejoramiento de los procesos productivos y creativos de las empresas en general, desarrollos que necesariamente deberán ser sustentables y respetuosos del medioambiente.
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