"(...) El derecho a la memoria es un recordatorio constante de lo que debemos evitar como país para no repetir actos como los que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Si aprendemos de nuestros errores, nuestras instituciones serán más fuertes, las personas confíarán más en su Gobierno y el país podrá resolver sus problemas de forma pacífica y democrática. (...)"
Evaluada por:
Artículo 24, Inciso quinto
5. El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad.
Porque los derechos están relacionados directamente con la democracia, y parte de eso es conocer los errores de nuestro pasado y asumirlos como país para garantizar la no repetición y poder avanzar en un mejor futuro. Por ejemplo, evitando nuevos gobiernos autoritarios, teniendo generaciones que comprendan la importancia de los Derechos Humanos y su respeto por parte del Estado y las personas, lo que implica que su respeto, promoción y garantía sean siempre la prioridad de las políticas públicas.
La Constitución vigente (1980/2005) no menciona nada respecto a la memoria, únicamente dice que uno de los límites del actuar del Estado son los tratados internacionales. Que una Constitución lo consagre expresamente significa que todas las instituciones del Estado tendrán la obligación de aportar a la memoria, verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
El país vivió una dictadura militar en donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos.Hasta el día de hoy hay familias que no saben dónde se encuentran sus familiares desaparecidos, como también personas que no han obtenido justicia, por lo que se crearon organizaciones de la sociedad civil que a lo largo de la historia han logrado mostrar lo ocurrido y la falta de respuestas del Estado. Finalmente, como consecuencia de no tener políticas públicas de memoria, reaparecen discursos de odio que reivindican a la dictadura, amenazando la democracia y con ello los Derechos Humanos de la población.
Se dice que el Estado podría adoctrinar a las personas. Muchos países tienen políticas públicas de memoria, como Alemania post II Guerra Mundial. Por su parte, la protección de los Derechos Humanos es el límite que toda la sociedad ha acordado para evitar que se cometan vulneraciones graves contra otras personas. Así, si el Estado guarda silencio ante estos hechos, es porque considera que no son graves y no necesitan de especial atención, validando que ocurran. Se trata de reconocer los errores del pasado y aprender para las futuras generaciones.
Imagino un país con personas que vuelven a confiar en sus instituciones, con una Policía Civil respetuosa de los Derechos Humanos, como también generaciones conscientes de lo ocurrido a lo largo de la historia que valoran la democracia y trabajan todos los días desde todo lugar por defenderla y fortalecerla. Un país en que las heridas del pasado sirven para construir un mejor futuro, y en donde el odio y la violencia no son una alternativa válida para resolver conflictos. Porque la memoria y su ejercicio activo aporta, por una parte, reparar a las víctimas y sus familias de la violencia del Estado y, por otra parte, evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir y que queden sin sanción alguna, como lamentablemente ha ocurrido en Chile.
El respeto de los Derechos Humanos fortalece la democracia, y el derecho a la memoria es un recordatorio constante de lo que debemos evitar como país para no repetir actos como los que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Si aprendemos de nuestros errores, nuestras instituciones serán más fuertes, las personas confíarán más en su Gobierno y el país podrá resolver sus problemas de forma pacífica y democrática.
Es importante que, si el Estado viola los Derechos Humanos de una persona o grupo determinado, lo reconozca, juzgue a las personas responsables y repare a quienes sufrieron dichas violaciones. Además, es importante que el Estado le cuente a las futuras generaciones lo ocurrido, para que ellas (quienes no vivieron ese contexto) eviten repetir los hechos o vulnerar los Derechos Humanos de otras personas.
"(...) El derecho a la memoria es un recordatorio constante de lo que debemos evitar como país para no repetir actos como los que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Si aprendemos de nuestros errores, nuestras instituciones serán más fuertes, las personas confíarán más en su Gobierno y el país podrá resolver sus problemas de forma pacífica y democrática. (...)"
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Artículo 24, Inciso quinto
5. El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad.
Porque los derechos están relacionados directamente con la democracia, y parte de eso es conocer los errores de nuestro pasado y asumirlos como país para garantizar la no repetición y poder avanzar en un mejor futuro. Por ejemplo, evitando nuevos gobiernos autoritarios, teniendo generaciones que comprendan la importancia de los Derechos Humanos y su respeto por parte del Estado y las personas, lo que implica que su respeto, promoción y garantía sean siempre la prioridad de las políticas públicas.
La Constitución vigente (1980/2005) no menciona nada respecto a la memoria, únicamente dice que uno de los límites del actuar del Estado son los tratados internacionales. Que una Constitución lo consagre expresamente significa que todas las instituciones del Estado tendrán la obligación de aportar a la memoria, verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.
El país vivió una dictadura militar en donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos.Hasta el día de hoy hay familias que no saben dónde se encuentran sus familiares desaparecidos, como también personas que no han obtenido justicia, por lo que se crearon organizaciones de la sociedad civil que a lo largo de la historia han logrado mostrar lo ocurrido y la falta de respuestas del Estado. Finalmente, como consecuencia de no tener políticas públicas de memoria, reaparecen discursos de odio que reivindican a la dictadura, amenazando la democracia y con ello los Derechos Humanos de la población.
Se dice que el Estado podría adoctrinar a las personas. Muchos países tienen políticas públicas de memoria, como Alemania post II Guerra Mundial. Por su parte, la protección de los Derechos Humanos es el límite que toda la sociedad ha acordado para evitar que se cometan vulneraciones graves contra otras personas. Así, si el Estado guarda silencio ante estos hechos, es porque considera que no son graves y no necesitan de especial atención, validando que ocurran. Se trata de reconocer los errores del pasado y aprender para las futuras generaciones.
Imagino un país con personas que vuelven a confiar en sus instituciones, con una Policía Civil respetuosa de los Derechos Humanos, como también generaciones conscientes de lo ocurrido a lo largo de la historia que valoran la democracia y trabajan todos los días desde todo lugar por defenderla y fortalecerla. Un país en que las heridas del pasado sirven para construir un mejor futuro, y en donde el odio y la violencia no son una alternativa válida para resolver conflictos. Porque la memoria y su ejercicio activo aporta, por una parte, reparar a las víctimas y sus familias de la violencia del Estado y, por otra parte, evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir y que queden sin sanción alguna, como lamentablemente ha ocurrido en Chile.
El respeto de los Derechos Humanos fortalece la democracia, y el derecho a la memoria es un recordatorio constante de lo que debemos evitar como país para no repetir actos como los que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Si aprendemos de nuestros errores, nuestras instituciones serán más fuertes, las personas confíarán más en su Gobierno y el país podrá resolver sus problemas de forma pacífica y democrática.
Es importante que, si el Estado viola los Derechos Humanos de una persona o grupo determinado, lo reconozca, juzgue a las personas responsables y repare a quienes sufrieron dichas violaciones. Además, es importante que el Estado le cuente a las futuras generaciones lo ocurrido, para que ellas (quienes no vivieron ese contexto) eviten repetir los hechos o vulnerar los Derechos Humanos de otras personas.
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