"(...) Fortalecen democracia y descentralización al otorgarle la responsabilidad a las entidades territoriales de garantizar los espacios adecuados de participación ciudadana en las decisiones de política pública que afecten de forma directa a los habitantes de los territorios. Permitir que la ciudadanía sea parte de los procesos de toma de decisiones fortalece y legitima la relación con las instituciones de gobierno y también refuerza el sentido de comunidad. (...)"
Evaluada por:
Artículo 192
Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.
Fortalecen democracia y descentralización al otorgarle la responsabilidad a las entidades territoriales de garantizar los espacios adecuados de participación ciudadana en las decisiones de política pública que afecten de forma directa a los habitantes de los territorios. Permitir que la ciudadanía sea parte de los procesos de toma de decisiones fortalece y legitima la relación con las instituciones de gobierno y también refuerza el sentido de comunidad.
Los ciudadanos podrán opinar y decidir sobre lo que sucede en sus territorios directamente. En la actualidad solamente están contemplados los plebiscitos comunales pero su activación ha sido muy limitada. El hecho de incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana permitirá que la ciudadanía de los territorios participe de forma incidente en los procesos de toma de decisiones, lo cual mejorará el diseño de las políticas públicas, su legitimidad y la rendición de cuentas ante la población de los respectivos distritos territoriales.
Sí en muchos países y además se ha ido avanzando en ello. Varios países de la región han incorporado diversos mecanismos de democracia directa tanto a nivel nacional como a niveles subnacionales y locales. Las constituciones de Ecuador, Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela, entre otros, contienen provisiones de democracia directa ciudadana.
Desde hace años la ciudadanía de diversos territorios del país viene luchando por incidir directamente en sus planes, desarrollo y propuestas. La necesidad de participar en instancias donde los intereses ciudadanos sean representados sin intermediarios es una demanda que ha crecido significativamente en los últimos años.
Entre los mitos asociados a los mecanismos de democracia directa encontramos por ejemplo la idea de que las personas no saben lo que es mejor para el país o de que darle mucho poder a la ciudadanía puede ser peligroso porque interfiere con las capacidades legislativas de quienes fueron elegidos para ejercer un mandato representativo.
Chile avanza en descentralización, fortalecimiento democrático y comunidad. Las personas pueden participar de los procesos de toma de decisiones en sus comunidades y territorios porque existen mecanismos para recoger su opinión y puntos de vista, los cuales son incidentes y pueden verse reflejados en resultados concretos.
Todas las personas sin importar el lugar donde habitan podrán incidir sobre cómo viven en sus territorios. Todos y todas tendrán la posibilidad de participar del proceso de toma de decisiones a través de la institucionalidad que provea los mecanismos de participación directa en los territorios.
La toma de decisiones estará en los territorios. Esto fortalecerá los vínculos entre las comunidades locales y sus representantes, en tanto estos actúen de forma que garantice la descentralización de las decisiones tomadas a nivel de los territorios, sin necesidad de rendir cuentas al Estado nacional.
Se avanza en ciudadanía y responsabilidades compartidas. El fortalecimiento de la democracia participativa es fundamental para la agenda de fortalecimiento democrático y además es una instancia necesaria para contrarrestar la crisis de representación que atraviesa el país. El empoderamiento de las comunidades en cuanto a la toma de decisiones también contribuye a la fiscalización comunitaria de los procesos políticos y se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción.
"(...) Fortalecen democracia y descentralización al otorgarle la responsabilidad a las entidades territoriales de garantizar los espacios adecuados de participación ciudadana en las decisiones de política pública que afecten de forma directa a los habitantes de los territorios. Permitir que la ciudadanía sea parte de los procesos de toma de decisiones fortalece y legitima la relación con las instituciones de gobierno y también refuerza el sentido de comunidad. (...)"
Evaluada por:
Artículo 192
Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.
Fortalecen democracia y descentralización al otorgarle la responsabilidad a las entidades territoriales de garantizar los espacios adecuados de participación ciudadana en las decisiones de política pública que afecten de forma directa a los habitantes de los territorios. Permitir que la ciudadanía sea parte de los procesos de toma de decisiones fortalece y legitima la relación con las instituciones de gobierno y también refuerza el sentido de comunidad.
Los ciudadanos podrán opinar y decidir sobre lo que sucede en sus territorios directamente. En la actualidad solamente están contemplados los plebiscitos comunales pero su activación ha sido muy limitada. El hecho de incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana permitirá que la ciudadanía de los territorios participe de forma incidente en los procesos de toma de decisiones, lo cual mejorará el diseño de las políticas públicas, su legitimidad y la rendición de cuentas ante la población de los respectivos distritos territoriales.
Sí en muchos países y además se ha ido avanzando en ello. Varios países de la región han incorporado diversos mecanismos de democracia directa tanto a nivel nacional como a niveles subnacionales y locales. Las constituciones de Ecuador, Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela, entre otros, contienen provisiones de democracia directa ciudadana.
Desde hace años la ciudadanía de diversos territorios del país viene luchando por incidir directamente en sus planes, desarrollo y propuestas. La necesidad de participar en instancias donde los intereses ciudadanos sean representados sin intermediarios es una demanda que ha crecido significativamente en los últimos años.
Entre los mitos asociados a los mecanismos de democracia directa encontramos por ejemplo la idea de que las personas no saben lo que es mejor para el país o de que darle mucho poder a la ciudadanía puede ser peligroso porque interfiere con las capacidades legislativas de quienes fueron elegidos para ejercer un mandato representativo.
Chile avanza en descentralización, fortalecimiento democrático y comunidad. Las personas pueden participar de los procesos de toma de decisiones en sus comunidades y territorios porque existen mecanismos para recoger su opinión y puntos de vista, los cuales son incidentes y pueden verse reflejados en resultados concretos.
Todas las personas sin importar el lugar donde habitan podrán incidir sobre cómo viven en sus territorios. Todos y todas tendrán la posibilidad de participar del proceso de toma de decisiones a través de la institucionalidad que provea los mecanismos de participación directa en los territorios.
La toma de decisiones estará en los territorios. Esto fortalecerá los vínculos entre las comunidades locales y sus representantes, en tanto estos actúen de forma que garantice la descentralización de las decisiones tomadas a nivel de los territorios, sin necesidad de rendir cuentas al Estado nacional.
Se avanza en ciudadanía y responsabilidades compartidas. El fortalecimiento de la democracia participativa es fundamental para la agenda de fortalecimiento democrático y además es una instancia necesaria para contrarrestar la crisis de representación que atraviesa el país. El empoderamiento de las comunidades en cuanto a la toma de decisiones también contribuye a la fiscalización comunitaria de los procesos políticos y se enmarca dentro de la lucha contra la corrupción.
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