Propuesta N° 36
Esta es una propuesta de: Acción Colectiva por la Educación ·
Apoyada por: Educación 2020,Elige Educar,Enseña Chile,Súmate, Hogar de Cristo,Summa,Vicaría para la Educación,Mis talentos,Fundación Chile,Impulso Docente,CIAE,Crecer con todos,Portas,Ashoka,Oportunidad,Tu clase, tu país,Origen,Vida Buena,Didaksis,Fundación 99,ONG Canales,Sara Raier de Rassmuss,REImagina,Co-Crecer,Diálogo País,Tandem Profesores,Fundación Luksic,Momento Constituyente,Colegio de Educadores de Párvulos,Corporación para la Infancia de Santiago
Existen problemáticas importantes que han afectado en Chile el derecho a la educación. Si bien han habido avances importantes, no ha sido posible contar con plenitud con un sistema educativo que garantice el acceso a una oferta educaitva pertinente, a una educación de calidad, la no discriminación y la capacidad de adaptación del sistema educativo chileno a las diversas realidades educativas que conviven en nuestro país. Ante eso múltiples son los desafíos, y desde Acción Colectiva por la Educación hemos convocado a un proceso participativo llamado Tenemos que Hablar de Educación, en donde más de 7.800 niños y niñas, docentes, educadores, asistentes de la educación, equipos directivos, apoderados y sostenedores de diversos tipos de establecimientos educacionales opinaron respecto a los desafíos y los cambios necesarios para lograr un sistema educativo que entregue reales oportunidades de desarrollo y aprendizaje a todos los niños y niñas del país. Entre las problemáticas levantadas en este proceso participativo se destacan la necesidad de fortalecer la educación pública, promover relaciones de colaboración, orientación y apoyo dentro y entre los distintos niveles del sistema y mejorar la calidad de la mano con una noción más comprehensiva incorporando la integralidad de los aprendizajes para un desarrollo pleno y con atención a los intereses de los y las estudiantes.
Contar con un sistema educativo que logra generar aprendizajes integrales, con estudiantes que son protagonistas y están al centro del proceso de desarrollo y aprendizaje. Todo esto en un marco donde las comunidades educativas cuentan con una cultura inclusiva y colaborativa, acompañado por una matriz institucional que promueve la equidad y la contextualización en todo el sistema, y en donde docentes y educadores son reconocidos constitucionalmente como actores claves del sistema, contando con condiciones laborales acordes al rol que desempeñan y generando espacios efectivos de participación en los distintos procesos de toma de decisión.
6 principios de la educación en constitución:
1. El Estado debe garantizar el derecho a la educación independiente del establecimiento y modalidad, donde los proyectos educativos cumplen con estándares educativos (leyes y normativas) respetando, promocionando y valorando los derechos humanos.
2. La educación integral promueve el desarrollo personal, social, y de formación en comunidad de cada estudiante, desarrollando habilidades, conocimientos, y valores de cada estudiante. En esta se articulan los aprendizajes académicos con el cuidado socioemocional y convivencia ciudadana, teniendo presentes las características locales.
3. La educación de calidad busca desarrollar al máximo el potencial de las personas para la construcción del bien común, con altos estándares de recursos materiales y humanos. Estos se deben orientar a una formación de carácter integral que permita un desarrollo intelectual, afectivo, moral, espiritual, físico y social.
4. Una educación inclusiva ofrece oportunidades de aprendizaje y participación justas para que cada estudiante pueda desarrollarse. Una educación equitativa y no discriminatoria que reconoce y valora las diferencias y diversidades personales y contextuales, proporcionando apoyos para que cada estudiante acceda y se desarrolle.
5. El Estado es responsable de priorizar y garantizar la oferta educativa pública que financia y administra en términos pedagógicos, sociales y económicos, entregando los recursos para asegurar equidad en el acceso, calidad y trayectorias educativas, considerando una oferta descentralizada y entregando la debida autonomía territorial.
6. Para contar con el reconocimiento del Estado, la educación privada debe velar por el valor público de su oferta para la cohesión social y el desarrollo de un proyecto país democrático.
Esta propuesta se elaboró en: Región Metropolitana · --No Aplica-- , Chile
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