Nuestro territorio es una zona de sacrificio. Quintero y Puchuncaví son comunas de la provincia de Valparaíso, ubicada en la zona central de Chile. Nuestra geografía representa el sacrificio humano y ambiental originado por el actuar depredador de empresas públicas y privadas responsables de la contaminación extrema de nuestro aire, suelo y mar. En este sufrimiento ambiental el Estado ha tenido un rol importante en la perpetuación de la injusticia ambiental en la que las mujeres y niñas somos las más afectadas. Desde 1954 nuestro territorio ha sido declarado por el Estado como zona para el funcionamiento de proyectos “estratégicos” donde hasta hoy coexisten 15 empresas relacionadas con el almacenamiento y descarga de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, generación termoeléctrica, producción de cemento, embarque y acopio de concentrado de cobre y graneles industriales, fundición y refinería de cobre, descarga y almacenamiento de químicos industriales, entre otras actividades1 que se encargan de envenenar nuestra existencia.
Lo que ocurre en nuestras comunidades es reconocido como “Zona de Sacrificio”, lugar donde se despojan los derechos humanos y se sacrifica la vida de las especies humanas y no humanas en post de la continuación de proyectos empresariales que buscan la acumulación de la riqueza. La vida en la zonas de sacrificio es tóxica, desde 2008 se registraron episodios de intoxicación en niñas y niños, en 2011 la escuela La Greda fue un caso de intoxicación de connotación pública que afecto a toda la comunidad educativa, en 2018 más de 2000 personas de nuestra comunidad fueron envenenadas producto de las emisiones de dióxido de azufre y material particulado de las empresas del parque industrial. También existe evidencia de los líquidos industriales que empresas como AES GENER, CODELCO, Puerto Ventanas, GNL Quintero, Oxiquim y ENAP vierten en el mar, tales como: aluminio, hierro, molibdeno, cobre, níquel, cadmio, mercurio, arsénico, plomo, entre otros contaminantes2. Adicionalmente, desde el 2009 al 2020 hemos documentado 132 varamientos de carbón en la bahía de Quintero, que en promedio equivalen a 1,7 al mes, situación que se ha ido agudizando ya que en lo que va del año (enero-agosto 2021), hemos registrado 67 varamientos, 8,3 al mes, es decir, un 488% más que en los meses de años anteriores.
Este problema se complejiza con el incumplimiento de tres fallos judiciales, dos de la Corte Suprema y uno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Los dos primeros se relacionan por un lado, con el recurso de protección contra la autorización del funcionamiento de la central termoeléctrica de Campiche (Puchuncaví), esta fue declarada ilegal pues la obligación del Estado es la protección del medio ambiente. Por el otro, está el recurso de protección contra el Estado y las empresas, por el caso de las intoxicaciones masivas del 2018, en el que la Corte falló a favor del recurso y mandató generar medidas de reparación, fiscalización e investigación. Tampoco se han cumplido. Desde otra instancia, el fallo de la Corte de Apelaciones reconoció los impactos de los varamientos de carbón en la bahía de Quintero prohibiendo el ingreso de naves con carbón a la bahía, sin embargo estos fallos vitales para la comunidad no se han cumplido por las empresas y el Estado.
Nosotras estamos conscientes de que el problema que origina y mantiene este grado extremo de violencia estructural hacia la vida, está relacionado con la política energética basada en la explotación intensiva de la naturaleza y con la política económica que pone en el centro los procesos de acumulación de capital en desmedro de la protección de la vida. Tanto la política energética como económica tiene agentes gubernamentales, empresariales y policiales que habilitan un escenario para el actuar de grupos económicos y políticos inescrupulosos que gozan de protección que les permiten dañar nuestra comunidad en la más cruda impunidad.
No dejamos fuera de esta ecuación a la policía o grupos de civiles que mediante el acceso a armas resguardan el funcionamiento de las empresas. Existen casos documentados en nuestra comunidad de defensoras de la tierra y los bienes comunes que han sido amedrentadas y hostigadas por agentes del Estado y civiles, quienes buscan causar miedo y limitar nuestras luchas. Esta combinación entre la perpetuación del extractivismo y el conflicto capital versus vida, configura un tipo de violencia estructural que tiene un registro de género pues afecta a las mujeres defensoras de los territorios.
Desde este diagnóstico nosotras proponemos repolitizar los derechos sociales poniendo la vida de las especies humanas y no humanas en el centro. Esto significa que cada una de las necesidades humanas como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el cuidado, el transporte, entre otras, debe materializarse en armonía con la naturaleza y en consideración de las relaciones de género, de raza y de clase que se expresan de manera discriminatoria en sociedades desiguales como la nuestra. Por ello, proponemos que la nueva constitución para Chile debe reconocer los derechos de la naturaleza, incorporando una perspectiva ecológica y feminista que desde sus principios y fundamentos avance hacia el respecto de la dignidad y la vida.
La perspectiva feminista debe permear todo el cuerpo constitucional pues tanto la depredación de biosfera como la opresión de las mujeres comparten una estructura de dominación que es patriarcal y capitalista, es decir esta basada en una dominación masculina que sólo busca la acumulación de la riqueza sin importar la degradación de la naturaleza y la precarización de la vida de las mujeres y comunidades. Por ello proponemos que principios como la paridad de género sean un punto de partida para todas las comisiones, reglamento y decisiones que tome las y los constituyentes. De igual manera proponemos que los derechos sociales incorporen enfoque de género que desafíen y modifique los estereotipos machistas que perpetúan el binomio mujer/privado y hombres/público. Además, proponemos que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos ya que la injusticia ambiental también genera barreras para acceder a derechos fundamentales como el decidir cuándo y cómo queremos tener hijos. Por último, proponemos se reconozca el trabajo de cuidados de las especies humanas y no humanas, esto quiere decir, incorporar en las cuentas nacionales el aporte que hacen las mujeres en la sostenibilidad de la vida, en el cuidado de la tierra y en el mantenimiento del bienestar de las comunidades.
Para finalizar este texto, reflexionamos que la nueva constitución no es un fin sino una apertura hacia el proceso refundacional que implica repensarnos como sociedad en relación con la naturaleza. Por ello, proponemos que la constitución reconozca nuestro derecho a defender derechos, pues toda persona que defiende la vida, la tierra y los ecosistemas, debe ser protegida y no ser sujeta de violencia y criminalización por parte de los agentes del Estado y grupos civiles armados como ocurre actualmente en Chile. Este derecho a defender derechos para nosotras es un eje fundamental de nuestra lucha, nos moviliza a tejer acuerpamientos y resistencias.
1 Ver mayores antecedentes del conflicto socioambiental en nuestro libro “Feminismo popular y territorios en Resistencia: la luchas de las mujeres en la zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví” 2019, página 13.
2 Ídem op. cite, página 17.
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