Chile, tanto por su historia particular como en su contexto latinoamericano, presenta importantes desigualdades de desarrollo a nivel territorial y regional, que están íntimamente relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) desde un enfoque de género. Estas se traducen en brechas territoriales en distintos indicadores que dan cuenta de desigualdades entre regiones, como entre territorios urbanos y rurales, en las que además se encuentran brechas de género en que las mujeres quienes tienen un menor acceso a estos derechos.
Dentro de esta desigualdad territorial encontramos distintos niveles de acceso a servicios, acceso a la naturaleza, estructura productiva, capacidad de emprendimiento e innovación, calidad del trabajo, entre otras. Estas son entendidas como brechas existentes entre territorios en diversas dimensiones, tanto por niveles de ingreso y pobreza, como también condiciones laborales, existencia de bienes y servicios, calidad del medioambiente y calidad de vida en general. Y lo mismo sucede entre hombres y mujeres, pues encontramos brechas de género en estos indicadores. Y así como estas brechas territoriales no se corrigen con el tiempo, y más bien se refuerzan dados los incentivos y efectos de economía política que favorecen a las grandes ciudades y territorios urbanos por sobre los territorios rurales; en el caso de las brechas de género, la superación de estas no depende de las mujeres y sus capacidades individuales, sino también de las características de los territorios donde ellas habitan.
Esto porque las desigualdades de género se basan en el rol asignado a las mujeres y hombres en las esferas políticas, económicas y sociales, lo que se traduce a las estructuras productivas, las instituciones, la cultura y las organizaciones de los territorios.
Desde Rimisp buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios y, por lo tanto, considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, entendimiento normativo y cuerpo legal que habilite un desarrollo inclusivo. Para que el desarrollo territorial sea inclusivo, necesariamente requiere que este sea desde un enfoque de género que considere las necesidades, intereses y expectativas de las mujeres de manera explícita. No es posible pensar un desarrollo con cohesión territorial si las mujeres cargan con el peso de dicho desarrollo, haciéndose cargo de la mayoría del trabajo de reproducción que otorgan las condiciones para el desarrollo de otros y quedando excluidas de los accesos y oportunidades que este acarrea. Es por esto que, cuando decimos que se necesita que la constitución entregue un mandato constitucional a las instituciones para orientar sus objetivos y planificar políticas de manera integrada e intersectorial (con articulación de los distintos sectores) decimos también que esta integralidad necesita incorporar el enfoque de género de manera transversal a todos los sectores del Estado.
Desde Rimisp proponemos cuatro dimensiones a incorporar en la constitución desde un enfoque de desarrollo territorial rural, las que tienen un importante correlato con derechos sociales con enfoque de género: garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa, junto con resguardar el patrimonio biocultural, sumado a la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía.
La dimensión de bienestar está íntimamente relacionada con los DESCA con enfoque de género, pues esta se aproxima a la idea de calidad de vida o buen vivir, y se ha posicionado como una de las principales herramientas para canalizar la construcción de un nuevo pacto social que logre asegurar una vida digna a las y los habitantes del país. Cuando los servicios públicos son deficientes en calidad y se privatizan los derechos sociales, son las mujeres las que se ven desproporcionadamente afectadas. Garantizar los DESCA debe ser un compromiso constitucional pues apunta a que hombres y mujeres de dichos territorios logren un bienestar integral y desarrollo personal, donde sus necesidades e intereses sean atendidos. Y es necesario que estos tengan enfoque de género, pues, dadas las relaciones de género y las dinámicas territoriales, hombres y mujeres enfrentan barreras distintas y acceden a los servicios de manera diferenciada.
Para pensar el bienestar y los DESCA desde un enfoque de género, no podemos olvidar la agencia de la ciudadanía, traducida en su participación. Esta es una dimensión importante del enfoque territorial tanto en los procesos de diálogo multiactor para el desarrollo, como en las coaliciones territoriales. Así, la participación es un elemento fundamental de las dinámicas territoriales y el desarrollo territorialmente cohesionado, que se vincula con la capacidad de agencia, pero también con las estructuras de oportunidades institucionales que lo permiten e incentivan. En este punto es necesario considerar el enfoque de género ya que, en general, el rol de las mujeres se asocia a todas aquellas tareas reproductivas vinculadas al espacio doméstico y de cuidado, tales como la alimentación, la salud de las personas, la educación de niñas y niños, y el cuidado en general de personas dependientes y estas asociaciones se repiten a menudo en los ejercicios participativos. En contraposición, las mujeres han estado subrepresentadas en el espacio público, en el acceso a bienes y servicios sociales, en la toma de decisiones sobre desarrollo local, en las instancias de participación política, en las organizaciones y coaliciones locales. Esto ha provocado que la visión, los intereses, y las ideas de las mujeres queden ausentes, más aún en las zonas rurales, generando un desarrollo territorial desequilibrado y sesgado (Rimisp, 2017). Para que la participación ciudadana y el desarrollo territorial sea inclusivo, es necesario generar un sistema de participación que permita contar con los habilitadores para lograr los estándares señalados donde la transparencia, la información, la inclusión de los tradicionalmente excluidos, el proceso de comunicación y de educación es clave.
Una de las expresiones del patrimonio biocultural en lo rural se encuentra en el conjunto de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte esencial de su vida en relación con la del medio que los rodea. Cada territorio establece sistemas de género, que entre las relaciones que norma y estructuran, se encuentran las formas de relacionarse con la naturaleza, aspecto que debe ser considerado en el resguardo del patrimonio biocultural. Estos procesos colectivos, que son centrales para el bienestar humano, los encontramos en múltiples territorios en formas ligadas a lo culinario y el patrimonio agroalimentario, en lo que las mujeres son quienes resguardan este conocimiento al tiempo que encuentran oportunidades para su desarrollo. Así, este patrimonio necesita de protección y reconocimiento y, por tanto, estar presentes en la discusión constitucional, reconociendo que el género juega un rol importante en ello.
Parte del proceso que acompaña la instalación de la Convención Constituyente está orientado justamente a eso, a definir qué elementos deben estar a la base de un nuevo contrato social respecto a la vida que imaginamos, lo que involucra pensar los derechos sociales, las relaciones sociales, el patrimonio biocultural y la manera en que se interactúa y concibe a la naturaleza, en el cruce de una escala nacional y territorial.
Desde Rimsip, también, sostenemos la necesidad de incorporar en la Constitución el derecho a la alimentación como derecho fundamental. Puesto que es el punto de partida de la vida humana y de su vínculo con la naturaleza, y es la base para el cumplimiento del resto de derechos. En este punto no puede pasarse por alto el rol de las mujeres como sostenedoras de la vida humana por medio del trabajo reproductivo que recae sobre ellas y su rol fundamental en la alimentación de sus familias, desde la producción de alimentos y su preparación. El sistema alimentario y la actividad económica en toda su cadena han de orientarse principalmente a la satisfacción de una alimentación suficiente, nutritiva, accesible, sostenible y de acuerdo con las preferencias de las personas. La calidad de la alimentación también se ve determinada por el género, donde los hogares con jefatura femenina son más vulnerable a la inseguridad alimentaria y son las mujeres y niñas quienes primero se privan en cantidad y calidad de alimentos.
Se requiere potenciar sistemas agroalimentarios sostenibles, es decir, competitivos, inclusivos y resilientes, y la agricultura familiar puede contribuir a potenciarlos, además de ser capaz de reforzar el desarrollo equilibrado de los territorios rurales, reconociendo y potenciando el papel protagónico de las mujeres en estas cadenas –como productoras y comercializadoras– y el rol que juegan en la preservación de especies, de la cultura y las identidades locales, mostrando en muchas ocasiones un alto grado de adaptación y mitigación del cambio climático.
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