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Agua · Descentralización y equidad territorial · Medioambiente ·

Propuesta N° 272

Agua para las comunidades y la naturaleza: desde el secano a la nueva constitución

Esta es una propuesta de: Fundación Superación de la Pobreza - SERVICIO PAÍS · GIAA - Grupo de Investigación y Acción por el Agua ·

Problema a solucionar:

La inexistencia de un amparo constitucional que asegure el disfrute, protección, restablecimiento y adecuada conservación del agua está restringiendo el derecho de las comunidades de todo el país, y particularmente en el territorio Secano, a llevar una vida digna y gozar de bienestar y salud en un medio ambiente sano y ecológicamente sostenible. Esta situación limita los derechos de las comunidades y la naturaleza por debajo de los derechos de aprovechamiento de agua por ser considerados propiedad privada.

Si bien los avances tecnológicos y distintos programas sociales han permitido irrigar el secano, actualmente existe una brecha abismal entre aquellas comunidades más aisladas y empobrecidas, versus los actores que tienen una alta capacidad de inversión en tecnología para el desarrollo de sus sistemas productivos. Así, la acrecentada escasez hídrica, causa directa de la crisis climática y modelos de desarrollo sustentados en el uso intensivo de los recursos naturales, genera múltiples conflictos de interés por el acceso al recurso. Además de, obligar a modificar las prácticas productivas tradicionales debido a que se superponen las necesidades de consumo de agua potable de las localidades rurales con el desarrollo de diversas actividades económicas -como la agricultura, la agroindustria y la minería- causando impactos negativos sobre los sistemas de vida y sustento de la población.

Situación Ideal:

La inexistencia de un amparo constitucional que asegure el disfrute, protección, restablecimiento y adecuada conservación del agua está restringiendo el derecho de las comunidades de todo el país, y particularmente en el territorio Secano, a llevar una vida digna y gozar de bienestar y salud en un medio ambiente sano y ecológicamente sostenible. Esta situación limita los derechos de las comunidades y la naturaleza por debajo de los derechos de aprovechamiento de agua por ser considerados propiedad privada.

Si bien los avances tecnológicos y distintos programas sociales han permitido irrigar el secano, actualmente existe una brecha abismal entre aquellas comunidades más aisladas y empobrecidas, versus los actores que tienen una alta capacidad de inversión en tecnología para el desarrollo de sus sistemas productivos. Así, la acrecentada escasez hídrica, causa directa de la crisis climática y modelos de desarrollo sustentados en el uso intensivo de los recursos naturales, genera múltiples conflictos de interés por el acceso al recurso. Además de, obligar a modificar las prácticas productivas tradicionales debido a que se superponen las necesidades de consumo de agua potable de las localidades rurales con el desarrollo de diversas actividades económicas -como la agricultura, la agroindustria y la minería- causando impactos negativos sobre los sistemas de vida y sustento de la población.

Qué debe contemplar la Nueva Constitución

Consagrar constitucionalmente principios de democracia participativa, derechos humanos, justicia social y ambiental, plurinacionalidad, equidad de género y buen vivir que permitan la protección del agua como bien común para asegurar la sostenibilidad de la vida en sus múltiples dimensiones. Así, el Estado se compromete a:
Reconocer el acceso al agua como un bien común y como un piso mínimo para asegurar el bienestar integral de las personas y los territorios. Consagrando el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Garantizar la protección de tierras y territorios campesinos, además del acceso y uso de las aguas que sean necesarias para la producción familiar campesina agropecuaria y para salvaguardar su función social, cultural y ecosistémica.
Reconocer la importancia la participación ciudadana en la toma de decisiones promocionando así el acceso a la información y a la participación pública para que las comunidades puedan involucrarse en la gobernanza y gestión local.
Reconocer la autonomía territorial de los pueblos, el derecho a la libre determinación, el acceso y gestión de los bienes comunes y de la relación con la naturaleza bajo sus propias cosmovisiones.
Reconocer el derecho a la soberanía alimentaria garantizando el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, propiciando circuitos cortos, relevando el derecho a decidir por sobre el propio sistema alimentario y productivo.
Garantizar la justicia ambiental para la preservación, protección, restablecimiento y adecuada conservación de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

Esta propuesta se elaboró en: Sin región y/o comuna definidas , CHILE

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