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Niñas, niños y adolescentes ·

Propuesta N° 201

Reconocimiento constitucional para niños, niñas y adolescentes

Esta es una propuesta de: OPCION ·

Problema a solucionar:

Nuestro ordenamiento jurídico, hasta hoy, no ha logrado incorporar un enfoque de derechos y protección social que requieren NNA en atención a su especial condición de vulnerabilidad en razón de su edad, manteniéndose una mirada tutelar sobre ellos. Se ha persistido en la concepción de los NNA como un asunto que le atañe principalmente a sus familias, y solo son objetos de protección estatal cuando no cumplen con ciertos patrones de “normalidad”. Han sido omitidas de la Constitución como figuras autónomas; solo se consideraron indirectamente a través del reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en el derecho a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y la protección constitucional del derecho y deber de los padres a educar a sus hijos e hijas. Lo anterior, se ha utilizado para bloquear una serie de iniciativas que tenían por objeto, por ejemplo, visibilizar y reconocer a las niñeces como sujetos de derecho, y permitirles participar en los asuntos que los involucran. Este asunto, es algo que la CDN, zanjó en sus primeros artículos: los niños y niñas son titulares de todos los derechos que se reconocen a las personas, y su capacidad para ejercerlos es progresiva. Por otra parte, no es posible garantizar derechos a niños/as, si los adultos a cargo de orientarlos y cuidarlos no cuentan con un establecer un piso mínimo que permita condiciones materiales para una vida digna. Este acompañamiento a los adultos/as, tiene que ver con garantizar derechos sociales.

Situación Ideal:

La oportunidad de discutir una nueva Constitución, nacida en democracia y como fruto de la deliberación de representantes de la ciudadanía, abre la puerta a múltiples discusiones que por décadas han quedado relegadas a los márgenes o derechamente ausentes. Una de ellas, es el efectivo reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos y no solo como objetos de la protección estatal; y a su vez, la consagración de efectivas garantías para el cumplimiento de esos derechos. Ahora, para que esto pueda ser una realidad, no es posible escindirlo de una concepción de Estado que reconozca también la protección social como un derecho.
El punto de partida radica en lo sostenido por Víctor Abramovich, quien señala que el enfoque basado en derechos, considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos, es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado, cambiando la lógica de la elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas sino sujetos con derecho a demandar prestaciones y conductas. Así, los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento.
Elevar el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes a rango constitucional, implica que la distribución del poder que debe hacer el nuevo pacto social, debe incorporar una mirada de infancia y adolescencia.

Qué debe contemplar la Nueva Constitución

Por todo lo expuesto, la nueva Constitución debiera consagrar:
- Una garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; como piso para el desarrollo de una protección integral de la niñez y adolescencia.
- Reconocimiento de la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes de todos los derechos consagrados a todas las personas, esto es, “que sus intereses son razón suficiente para la imposición de deberemos morales y jurídicos a su favor (…) consecuencia necesaria de la justicia social mínima y una manifestación concreta de que niños, niñas y adolescentes pueden vivir una vida digna al igual que cualquier otro ser humano” . Lo cual debe ir unido a la consagración del principio de igualdad y no discriminación y el interés superior del niño, como principios interpretativos de todas las normas referidas a las infancias y adolescencias. Y también, de la garantía constitucional del derecho a ser oído y a participar en los asuntos que le incumben.
- Prohibición expresa de toda forma de maltrato. Esto es relevante, porque las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes es muy alta y se ha mantenido invariable en los últimos 15 años. 7 de cada 10 niños sufre alguna forma de maltrato ; y el 62,5% reconoce recibir alguna forma violenta de disciplinamiento . Erradicar estas prácticas, debe ser una prioridad y para ello su consagración debe estar al más alto nivel institucional, que facilite la implementación de políticas públicas adecuadas, universales y oportunas.
- Reconocer la responsabilidad parental, que supere el modelo tutelar de “autoridad paterna”, que reconozca a las familias como espacio natural de formación, crecimiento y educación de niños y niñas, pero que va de la mano con una armonía con la condición de sujetos titulares de derechos de éstos.

Esta propuesta se elaboró en: Sin región y/o comuna definidas , CHILE

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