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Derechos humanos y fundamentales · Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales · Educación ·

Propuesta N° 151

Constituyamos otra educación

Esta es una propuesta de: SUMMA · Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ·

Apoyada por: SUMMA (Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe), Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por sus siglas en inglés)

Problema a solucionar:

La actual constitución no garantiza el derecho a la educación en su totalidad, a pesar de que Chile ha ratificado los estándares internacionales que consagran este derecho como un derecho humano fundamental y es reconocido y protegido por el derecho y la comunidad internacional.
Se identifican 10 nudos que limitan el ejercicio de este derecho humano. 1. El derecho a la educación no es exigible a nivel constitucional en caso de ser vulnerado. 2. La constitución actual tan sólo resguarda una parte del derecho a la educación: exclusivamente el acceso, sin garantizar la inclusividad y no discriminación, la calidad y adaptabilidad del sistema. 3. La constitución no considera la educación como un proceso formativo a lo largo de la vida. 4. La constitución no resguarda una educación justa, que elimine brechas educativas incompatibles con una igualdad social, económica, política y cultural de oportunidades para desplegarse en la sociedad. 5. La constitución limita el rol del Estado en materia educativa a solo un papel subsidiario. 6. La constitución no garantiza un trato preferencial a la Educación Pública. 7. La constitución y su interpretación privilegian la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. 8. La constitución no garantiza mecanismos de participación ciudadana que otorguen voz y voto a las comunidades locales y educativas en las escuelas. 9. La Constitución no promueve un paradigma social en la educación que integre el enfoque de derechos y el balance entre el desarrollo individual y colectivo. 10. El financiamiento dirigido al sistema educativo es insuficiente para garantizar el derecho a la educación para todos y todas.

Situación Ideal:

La educación es un derecho humano fundamental y uno de los bienes públicos más relevantes de una sociedad. Se considera tanto un fin en sí mismo como un medio para garantizar y ejercer plenamente otros derechos. Lo anterior, porque la educación permite el pleno desarrollo de cada ser humano y, al mismo tiempo, modela los principios de la sociedad que viene. Es la educación la que construye un sentido y una valoración compartida de la democracia, la justicia social y los derechos humanos.
Por lo tanto, la situación ideal es que se consagre y garantice el derecho a la educación en la constitución. Esto quiere decir que el Estado lo garantice para toda la población, sin distinciones. En este sentido, es importante asegurar al menos las cuatro dimensiones fundamentales del derecho a la educación: (1) asegurar la provisión para todas y todos los habitantes del país; (2) asegurar la inclusividad y no discriminación en el acceso, permanencia y egreso del sistema; (3) asegurar una educación de calidad que considere los distintos niveles de desarrollo de los estudiantes; (4) asegurar la adaptabilidad del sistema a las necesidades, contextos e identidades locales (Tomasevski, 2006; CDESC, 1999).
En este sentido, es fundamental redefinir el rol del sistema educativo en la construcción social, expandiendo sus alcances y consolidando su estatus como derecho social universal garantizado por el Estado. Asimismo, asegurar que el sistema educativo se constituya en un espacio de transformación hacia una sociedad más justa, libre, igualitaria, inclusiva y fraterna.

Qué debe contemplar la Nueva Constitución

Se debería consagrar constitucionalmente el derecho a la educación de forma integral, acorde a las necesidades y desafíos que enfrenta la sociedad actual, y en coherencia con los estándares internacionales. Para ello, formulamos una propuesta que busca profundizar este derecho, basándose en a) la experiencia internacional y la posibilidad de aprender de otras constituciones del mundo, b) los estándares internacionales en derechos humanos, y c) las voces del mundo de la educación, tanto de expertos/as como de las comunidades educativas. Nuestra propuesta busca incorporar los siguientes principios:
1. Exigibilidad del derecho a la educación a nivel constitucional en caso de ser vulnerado. 2. Resguardo del derecho a la educación en su integralidad: acceso, no discriminación, calidad y adaptabilidad del sistema educativo. 3. La educación y el aprendizaje debe entenderse como un proceso formativo a lo largo de la vida. 4. Resguardo de una educación justa que elimine brechas educativas incompatibles con la igualdad social, económica, política y cultural para desplegarse en la sociedad. 5. El Estado debe adoptar en materia educativa un rol garante de derechos (y no subsidiario). 6. El Estado debe promover un trato preferencial a la Educación Pública y reorganizar el financiamiento para potenciar lo público. 7. La libertad de enseñanza debe reforzar y privilegiar el derecho a la educación. 8. Garantizar mecanismos de participación en la construcción y toma de decisiones en la escuela a las comunidades locales y escolares (ciudadanos/as, docentes, estudiantes y apoderados/as). 9. Promoción de un nuevo paradigma social en la educación que integre el enfoque de derechos y el balance entre el desarrollo individual y colectivo; incluyendo el enfoque de género y de justicia ambiental en la educación. 10. El financiamiento dirigido al sistema educativo debe ser reorganizado.

Esta propuesta se elaboró en: Sin región y/o comuna definidas , CHILE

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